Un
juez federal de Nueva York ha declarado legal, en sentencia del pasado 27 dediciembre, el programa de recolección de datos telefónicos de la Agencia
Nacional de Seguridad estadounidense (NSA), amparándose en motivos de lucha
contra el terrorismo.
El
fallo contrasta con otro publicado el pasado 16 de diciembre en Washington, ante
la denuncia interpuesta por el abogado y activista Larry Klayman, en la que
exigía que se eliminaran de la base de datos de la NSA toda la información
referente a él y a uno de sus clientes; el juez Richard Leon la estimó considerando
que las escuchas “orwelianas” a ciudadanos privados quebrantan su privacidad en
un grado probablemente inconstitucional, al violar la prohibición de captación y búsqueda de
información personal más allá de límites razonables, según dispone la CuartaEnmienda de la Constitución estadounidense:
“El
derecho de los habitantes de que sus personas, domicilios, papeles y efectos se
hallen a salvo de pesquisas y aprehensiones arbitrarias, será inviolable, y no
se expedirán al efecto mandamientos que no se apoyen en un motivo verosímil,
estén corroborados mediante juramento o protesta y describan con particularidad
el lugar que deba ser registrado y las personas o cosas que han de ser
detenidas o embargadas.”
Por
el contrario, el juez William Pauley, ante la querella formulada por la American
Civil Liberties Union (ACLU),
entiende que lo que en este caso se enjuicia es “determinar si el programa de
recopilación de metadatos de la NSA es legal”, no pronunciarse "sobre el
debate entre la protección de la nación y la preservación de las libertades
civiles” que la “filtración no autorizada de las órdenes del Tribunal de
Supervisión de Inteligencia Extranjera,” por parte de Edward Snowden ha
provocado en EE.UU. “La pregunta sobre si este programa debería ser mantenido
deben responderla las otras dos ramas del poder”.
Desde
este enfoque sentencia que "no hay evidencia de que el gobierno haya
utilizado la información telefónica recolectada con un propósito diferente del
de investigar y frenar ataques terroristas", que prevalecería, en todo
caso, sobre la libertad y privacidad de los ciudadanos, recordando en su
resolución la evolución histórica de la normativa y jurisprudencia al respecto y. en especial, tras los ataques terroristas
del 11 de septiembre de 2001 en Nueva York y Washington. Esto lleva a reconocer
la existencia de una "tensión entre la protección del país y la
preservación de las libertades civiles que supone la recolección de metadatos
telefónicos".
Así
el programa de la NSA pretende contrarrestar "la tecnología (que) permitió
a Al Qaida operar de manera descentralizada y planear a distancia ataques
terroristas internacionales"; "la recolección (de datos) es amplia,
pero el alcance de las investigaciones de contraterrorismo no tiene
precedentes. Las investigaciones sobre seguridad nacional son fundamentalmente
diferentes de las investigaciones criminales. Son a futuro -centradas en
prevenir ataques-, opuestas a la investigación retrospectiva de crímenes";
“no hay duda de que la recopilación masiva de metadatos recoge información de,
prácticamente, todas y cada una de las llamadas que se realizan en o hacia EE
UU. Y por eso se diseñó así, para permitir a la NSA detectar relaciones tan
efímeras o atenuadas que, de otro modo, pasarían desapercibidas”,
Pese
a todo lo anterior, el juez Pauley sostiene que la protección de la Cuarta
Enmienda no se aplica a datos que son almacenados por terceros, como fue en
este supuesto la compañía telefónica Verizon utilizada por la NSA para efectuar
sus masivas investigaciones consideradas ahora como no delictivas.
La
ACLU ha manifestado que apelaría la decisión, al "subestimar las implicaciones
privadas de la vigilancia del gobierno" y "usar incorrectamente"
cierta jurisprudencia para dejar de lado "protecciones constitucionales
centrales".
Aún quedan
pendientes de resolución otras denuncias presentadas a consecuencia de la
publicación de las actividades de la NSA por Edward Snowden, por lo que parece
que existen muchas posibilidades de que la cuestión termine resolviéndose en el
Tribunal Supremo de EE.UU.
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